Hoy la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, y la directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, Marianne Fay, suscribieron el contrato de financiamiento para la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), iniciativa que permitirá una gestión más eficiente de los procesos judiciales no penales.
Con este préstamo, se podrá ejecutar el proyecto “Mejoramiento de los servicios de justicia no penales a nivel nacional en el Poder Judicial” a través del EJE. Su objetivo principal es la trasformación del expediente judicial de papel a uno electrónico, de forma progresiva y que estará presente en los 34 distritos judiciales del país.
El programa también busca acelerar el trámite de los procesos no penales y disminuir la carga procesal, así como mayor eficiencia de los operadores de justicia. Por ello, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, quien también estuvo presente en la firma, resaltó que este convenio “permitirá impulsar la transformación del sistema de administración de justicia en un medio accesible, moderno, eficaz y más célere”.
En la ceremonia de suscripción del préstamo, también participaron el presidente de la República, Martín Vizcarra, y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla.
Esta iniciativa incluye, además, el diseño general de los procesos jurisdiccionales (laboral, comercial, contencioso administrativo, constitucional, familia, tránsito y seguridad vial, civil) y de la gestión de despacho; así como programas de capacitación al personal jurisdiccional y administrativo; la implementación de mecanismos de monitoreo, control y gestión del desempeño, y de mecanismos alternativos como la justicia itinerante.
Cabe señalar que el monto total del programa asciende a US$158 millones, de los cuales US$85 millones son financiados por el Banco Mundial y los restantes US$73 millones por una contrapartida del Estado peruano.
El programa también incluye otros cuatro proyectos que serán desarrollados por el Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Academia de la Magistratura y la Junta Nacional de Justicia.
Por su parte, el presidente Martín Vizcarra sostuvo que con estos proyectos se espera dejar atrás “la justicia de papel” y llegar al Bicentenario de la República con un servicio de justicia más transparente y accesible a la población vulnerable.