Descarga en PDF el libro Derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas u originarios, escrito por César Landa Arroyo, constitucionalista que analiza el marco jurídico peruano que sustenta el reconocimiento de los 55 pueblos indígenas u originarios, 51 pueblos amazónicos y 4 andinos, con el objeto de proteger sus derechos a la tierra y al territorio, recursos indispensables para su subsistencia, la historia y cultura subyacente que los define, como punto de partida para la construcción de su identidad como colectivo.
De manera central el autor aborda dos desafíos y sus correspondientes relaciones: el derecho a la personería jurídica de los pueblos indígenas y la propiedad, así como el uso de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas u originarios, vinculados a los derechos del acceso y uso de los recursos.
Introducción
En el Perú, viven actualmente 55 pueblos indígenas u originarios, 51 pueblos amazónicos y 4 andinos. La existencia de todos ellos gira en torno a sus tierras y territorios, los cuales se erigen no solo como la fuente de los recursos indispensables para su subsistencia, sino que constituyen el punto de partida para la construcción de su identidad como colectivo.
¿De qué manera el marco jurídico peruano ha encontrado las formas e instituciones jurídicas para proteger el derecho a las tierras y territorios de los pueblos indígenas como un derecho colectivo? ¿Cómo es posible ejercer este derecho frente al Estado u otros individuos y cuál es su contenido y alcance?
Las respuestas a estas preguntas no son sencillas. Por un lado, una concepción fluida y dinámica de la cultura –como la que prima hoy en las ciencias sociales– entra en conflicto, por lo general, con la necesidad del derecho de fijar categorías. Por otro lado, en el ordenamiento jurídico peruano, mientras la Constitución vigente, que protege las tierras de las comunidades campesinas y nativas, es del año 1993; el Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho a las tierras y territorios de los pueblos indígenas, se encuentra vigente desde 1995.
En el presente trabajo, el doctor Cesar Landa responde a las preguntas antes expuestas, desde el derecho constitucional.
De este modo, logra armonizar los preceptos establecidos en la Constitución de 1993 vinculados a la protección de las tierras y territorios de los pueblos indígenas de manera coherente y unitaria a partir de los estándares internacionales vigentes, es decir, a la luz del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, el autor aborda la problemática en función a dos puntos centrales: el derecho a la personería jurídica de los pueblos indígenas y la propiedad, territorio y uso de recursos naturales por parte de los pueblos indígenas u originarios. ¿Qué relación guardan ambos puntos?
El reconocimiento de la personería jurídica permite determinar formalmente un sujeto de derecho, que puede exigir frente al estado sus derechos y responder por los deberes que correspondan. Consecuentemente, la personería jurídica permite el ejercicio del derecho a las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Por ejemplo, reconocida su personería jurídica, los pueblos indígenas acceden de manera efectiva a la delimitación y demarcación de sus tierras y territorios.
Así pues, en el primer acápite, el autor inicia la investigación con la presentación del derecho internacional como fuente de derecho en materia de derechos de los pueblos indígenas u originarios, el cual también determina su contenido constitucional. Principalmente, se centra en los principios de interpretación de los tratados sobre derechos humanos y su valor vinculante con el Estado. Así, es posible dilucidar la relación entre los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) con el derecho interno peruano en materia de derechos de los pueblos indígenas u originarios.
En segundo lugar, desarrolla el alcance conceptual, normativo y jurisprudencial convencional del derecho a la personalidad jurídica de los pueblos indígenas. Presenta el reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica de los pueblos indígenas u originarios armonizando el marco constitucional y los estándares de la CADH, así como presenta su desarrollo a nivel infraconstitucional.
En tercer y último lugar, el autor delimita, a partir de la jurisprudencia de la Corte IDH y del Tribunal Constitucional, las características fundamentales de la propiedad para los pueblos indígenas u originarios y el vínculo y alcance del derecho al acceso y uso de los recursos naturales. En el desarrollo, el doctor Cesar Landa nos conduce hacia nodos de discusión que ameritan especial atención: diferencia entre tierra y territorio, el uso y administración de los recursos naturales de acuerdo a los estándares de la CADH y la protección del derecho de propiedad de los pueblos indígenas a través de las comunidades campesinas y nativas y el denominado “territorio integral”.
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