Descarga en PDF la «Justicia Juvenil diferenciada», una investigación elaborada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que integra información estadística sobre los jóvenes infractores, y el funcionamiento del sistema de justicia juvenil, a fin de conocer la problemática y mejorar las intervenciones y políticas públicas que permita resocializar a los adolescentes a la sociedad.
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Introducción
La violencia juvenil es un problema que ha cobrado notoriedad en la sociedad peruana por el incremento de las cifras que la reportan y la mayor exposición mediática de estos hechos, en las que los jóvenes son tanto víctimas como agresores.
Así, por un lado, según la primera Encuesta Nacional de la Juventud (ENAJUV) del Perú, para la mayoría de personas de 15 a 29 años de edad (58.6%), el principal problema que las afecta es la delincuencia y el pandillaje (Senaju, 2012); por otro lado, según los anuarios estadísticos de la Policía Nacional del Perú (PNP), cada vez se registran más casos de jóvenes que participan en actos delictivos: se ha pasado de 1,716 infractores registrados en el año 2003 a 4,122, en el año 2013 (PNP, 2003; PNP, 2013); es decir, en esos diez años, el registro de adolescentes infractores ha crecido 140%, y muestra incrementos significativos en ilícitos como homicidios y contra el patrimonio, que casi llegaron a triplicarse, y en tráfico ilícito de drogas, que prácticamente quintuplicó el número de infractores registrados por la PNP en ambos años.
Algo similar ocurre con los adolescentes atendidos en los centros juveniles: en 15 años la cifra se ha duplicado, pasando de 3,387 adolescentes atendidos en el año 2000 a 6,611 en el año 2015.[1] Al igual que los reportes policiales, los centros juveniles muestran incrementos significativos de internos por infracciones patrimoniales, por homicidios y por tráfico ilícito de drogas.
Para entender el fenómeno de la delincuencia juvenil, es preciso, primero, aclarar que, si bien en el marco normativo nacional se considera joven a toda persona de 15 a 29 años de edad,[2] en el marco normativo del Sistema de Justicia Penal Juvenil del país, se hace una distinción entre menores y mayores de 18 años[3]: a partir de los 18 años la persona es considerada adulta y puede ser sometida a todos los procesos judiciales y sanciones penales que correspondan; si la persona tiene una edad comprendida entre los 14 y los 17 años, no puede ser procesada como adulta, pero es sometida a un proceso especial.
El proceso de administración de justicia para los adolescentes infractores ha experimentado un cambio de paradigmas, pasando de un modelo basado en la concepción tutelar con un enfoque paternalista a un modelo garantista, el cual reconoce al adolescente como sujeto de derechos.
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