Descargue aquí en formato PDF la “Cuarta edición oficial del Código Procesal Penal”, que elaboró la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal y la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico.
A continuación compartimos las primeras líneas del Prólogo que hace a esta edición el reconocido magistrado José Antonio Neyra Flores, en el que elabora un recuento de los principales avances de la reforma procesal penal. Imperdible.
Asimismo, en la parte final de este post, el lector podrá descargar el material en formato PDF.
Prólogo
Hace 10 años se puso en marcha la reforma procesal penal en el Perú, de aplicación progresiva: de un distrito judicial con casos simples y poca carga a otros de mayor dimensión, ello con el propósito de identificar las buenas prácticas y transmitir las mismas en el siguiente distrito judicial implementado, situación que también permitía erradicar escenarios críticos y malas prácticas. Asimismo, la reforma se dio inició, mediante una división a 2 aguas porque los casos antiguos terminaban bajo el Código de Procedimientos de 1940 y los nuevos inician y concluyen con el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957).
A la fecha este instrumento normativo está vigente en 28 distritos judiciales del interior del país, quedando aún pendiente su implementación en 5 Distritos Judiciales (Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y el Callao), donde solo rige para un grupo de delitos: desde el 15 de enero de 2011, contra la administración pública previstos entre los artículos 382° y el 401° del Código Penal, sumándose los artículos de las medidas de coerción personal del Código Procesal Penal puestos en vigencia el 20 de agosto de 2013 mediante Ley N° 30076.
La reforma procesal peruana tiene como fuentes el Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica, hecho por 3 grandes maestros: Julio Maier (Argentina), Ada Pellegrini Grinover (Brasil) y Jaime Bernal Cuellar (Colombia); también los códigos de países eurocontinentales tales como: España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, y de América Latina: Chile, Colombia y Costa Rica, además de las casi 100 reformas que tuvieron que hacerse al CPP de 1940 para el caso de crímenes de aparatos organizados de poder estatal y privado liderado por Vladimiro Montesinos contra 1300 imputados.
El soporte es encontrar un equilibrio entre garantías y eficiencia: garantías de respeto de los derechos de los imputados y eficiencia para que haya una respuesta a la víctima y a la sociedad, y que no haya impunidad.
Para la mejor interpretación y aplicación del Código Procesal Penal, sobre la base de los artículos 16°, 22° y 116° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del artículo 301°-A del Código de Procedimientos Penales, casaciones fundadas vinculatorias del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957), las Salas Penales de la Corte Suprema han establecido aproximadamente 150 jurisprudencias vinculatorias, especialmente Acuerdos Plenarios penales, Sentencias normativas y casaciones fundadas, a fin de lograr predictibilidad judicial, uniformidad, seguridad jurídica e igualdad, atendiendo al principio de legalidad que todo juez debe cumplir.
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