El pasado 1 de setiembre entro en vigencia un pliego de leyes en el Estado de Texas, entre las cuales está una ley que prohíbe el aborto e incentiva su denuncia a las autoridades. La referida norma es conocida como “Ley del latido del corazón”, en ella se impide casi toda posibilidad de realizar abortos en el estado norteamericano.
Bajo ese contexto, se esperaba un pronunciamiento de la Suprema Corte de Estados Unidos, considerando que desde 1973 se estableció como un derecho constitucional los procedimientos de aborto en el país. Sin embargo, el alto tribunal decidió no pronunciarse respecto a la constitucionalidad de la norma.
La ley prohíbe realizar abortos una vez que se detecte actividad cardiaca en el embrión. Ello, usualmente, y lo que han postulados los impulsores de esta ley, sucede alrededor de la sexta semana del embarazo.
Ahora, como podemos notar si bien la ley no prohíbe completamente el aborto, pues permite que se realicen hasta antes de la sexta semana. Sin embargo, en la mayoría de casos, resulta difícil que las mujeres tengan pleno conocimiento sobre el embarazo en dichas semanas, por lo cual grupos pro- aborto y proveedores de dichos servicios han cuestionado severamente la norma.
Incluso, se incentiva a que los ciudadanos denuncien casos de incumplimiento a cambio de recompensas de al menos 10 000 dólares. Así, tampoco, se contempla excepciones por casos de violación o incesto.
Asimismo, la ley señala de forma general que podrán ser demandados todos aquellos actores que asista a la paciente en el aborto. Los demandantes no necesitan tener ninguna relación con la persona demandada, ni justificar algún perjuicio propio.
La aplicación de la norma es la principal diferencia, pues serán los ciudadanos quienes inicien una demanda a los proveedores de abortos. Así, el gobierno no iniciara acciones gubernamentales, pero incentiva, a través de recompensas, a los ciudadanos a identificar y proceder con demandas para eliminar la demanda de abortos en el estado.
Como recordamos, la Corte Suprema ha bloqueado varias normas que buscaban prohibir el aborto en muchos Estados. Sin embargo, estas acciones eran gubernamentales como el cerrar establecimientos, cargos penales contra médicos, permitir que los fiscales inicien procesos, entre otras medidas. En contraste, esta nueva ley en una fórmula legal que no requiere la acción del estado sino incentiva que los ciudadanos sean los principales actores en las demandas.
Ahora, se ha generado una preocupación respecto a que otros estados repliquen esta fórmula legal que dificulta el pronunciamiento de la Corte Suprema.
Por último, las clínicas que brindan estos servicios y los grupos pro-aborto han asegurado que presentarán todas las acciones posibles para que la norma sea declara inconstitucional. Asimismo, el presidente Joe Biden ha señalado que esta norma es una “violación grosera” al derecho constitucional establecido en el caso Roe v. Wade.
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