El pleno compuesto por cinco jueces de la Corte Suprema de la India tomó la decisión unánime que supone una victoria para los derechos de la comunidad gay, y reafirma el derecho a la igualdad y la dignidad de las personas.
“Cualquier relación sexual con el consentimiento mutuo de dos adultos –homosexuales, heterosexuales o lesbianas– no puede ser inconstitucional”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Dipak Misra, durante la lectura de la esperada sentencia final citada por el diario El País. Así el artículo 377 del Código Penal indio, vigente desde 1860, que prescribía: “aquel que voluntariamente tiene relación sexual contra natura con cualquier varón, mujer o animal será sentenciado a una multa, diez años en prisión o hasta con cadena perpetua” quedó oficialmente derogado.
Si bien para gran parte de Occidente, las normas contra la libertad sexual de los individuos eran anacrónicas, en algunos países como Irán, Arabia Saudita y Yemen, la homosexualidad aún se castiga con la pena de muerte, mientras que en Libia y Marruecos se prevén penas efectivas de cárcel.
En la India el camino para terminar con la prohibición, que data de la época de la colonización británica, no ha sencillo ni mucho menos ha contado con el apoyo de los políticos.
De acuerdo con The Washington Post, el primer ministro Narenda Modi trató de postergar la audiencia, solicitó una suspensión del proceso, que fue desestimada, por lo que la Corte solicitó al gobierno que manifieste una postura clara sobre si apoyaba a los ciudadanos LGTBIQ. No obstante, el gobierno omitió dar una opinión al respecto y señaló que dejaría el asunto en manos del órgano jurisdiccional. Por su parte, el Partido Popular indio no deseaba ofender a sus seguidores más conservadores ni ser visto como homofóbico para el mundo, por lo que no tomó una postura clara.
Según entrevistas realizadas por el New York Times, las personas LGTBIQ “son rechazadas por sus padres, sufren aislamiento social, tienen pocas protecciones en los sitios de trabajo y también sufren una vulnerabilidad aterradora ante el abuso de la policía y la violencia sexual, pues sus recursos legales son limitados”.Con frecuencia, las víctimas de extorsión o ataques sexuales no tenían incentivos para denunciar a la policía, pues temían el arresto o abusos.
La iniciativa para acabar con el artículo 377 comenzó en el 2000 cuando la Fundación Naz, organización en defensa de personas con VIH, recibió a un joven cuyos padres lo habían internado en un hospital psiquiátrico para recibir una terapia de conversión. Casos así, ahora serán parte de la historia.
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