El Tribunal de Apelación de Roma confirmó este lunes la condena a cadena perpetua a 24 militares de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú, a quienes se les encontró responsables de la desaparición de italianos en la Operación Cóndor, el plan represor en América Latina en las décadas de 1970 y 1980.
Entre los condenados destaca el exgobernante de facto del Perú Francisco Morales Bermudez, quien encabezó la dictadura militar en nuestro país de 1975 hasta 1980, durante la «segunda fase» del autodenominado «Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas» que llegó al poder mediante el golpe de estado de 1968.
De este modo, la justicia italiana ha modificado la sentencia de primera instancia que en enero de 2017 estableció solo ocho cadenas perpetuas y 19 absoluciones por prescripción.
Entre los otros condenados figura el exmilitar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, el único que se apersonó al proceso ya que reside en libertad en Italia desde que se escapara de la justicia de su país en 2007 y que en principio quedó absuelto.
Como se recuerda, en primera instancia habían sido condenados a cadena perpetua ocho personas, todos ellos en contumacia, esto es, sin apersonarse a los tribunales de Roma, tales como el exdictador boliviano Luis García Meza, fallecido en abril de 2018, y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez. Lo mismo para el exgobernante de facto peruano Francisco Morales Bermúdez; su primer ministro Pedro Richter Prada, muerto en julio de 2017; el exmilitar peruano Germán Ruiz; los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y el excanciller uruguayo, Juan Carlos Blanco.
Ahora a estos condenados se suman los ex militares chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan.
Asimismo los exmilitares uruguayos José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeauy, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Santa Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilverto Vázquez.
Todos han sido condenados por los delitos de homicidio voluntario y deberán también pagar las costas del juicio.
Este proceso comenzó con la denuncia hace exactamente veinte años en Italia de algunos familiares de desaparecidos, en 1999, un año después de que se ordenara la detención del dictador chileno Augusto Pinochet tras la investigación del juez español Baltasar Garzón. Todo ello por la desaparición de una veintena de ciudadanos latinoamericanos con orígenes italianos, opositores políticos y activistas de izquierda que desaparecieron en las redes del denominado «Operación Cóndor».
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