Compartimos hoy un modelo de proceso constitucional de Habeas Corpus, actualizado y que será de utilidad para Abogados y estudiantes de derecho como guía para sus futuros escritos.
El Hábeas Corpus, constituye una institución de orden jurídico que busca evitar los arrestos arbitrarios y que garantiza la libertad personal del individuo. El recurso suele emplearse para impedir abusos por parte de las autoridades ya que obliga a dar a conocer la situación del detenido ante un juez.
Cuentan los expertos que el Hábeas corpus se remonta a la época de los romanos, cuando su objetivo era exhibir al hombre libre que era detenido por otra persona. Esta herramienta jurídica, por lo tanto, estaba enfocada a los casos en los cuales se violaba la libertad entre ciudadanos y no frente a decisiones de los gobernantes.
La utilización del recurso contra las autoridades comenzó a aplicarse en 1305, cuando se le exigió al rey Eduardo I de Inglaterra que informara de la situación de un sujeto con libertad restringida.
Los especialistas destacan que el Hábeas Corpus defiende y abarca dos derechos importantes: la libertad individual (que supone que el individuo no puede ser detenido de manera arbitraria) y la integridad personal (el sujeto no debe ser víctima de daños contra su persona, como lesiones generadas por torturas, por ejemplo).
El Hábeas Corpus es una de las garantías que regula los derechos fundamentales de un individuo y depende de un mandato constitucional. Es decir que toda persona que se viera privada de su libertad o que sintiera amenazada su seguridad individual, puede solicitar a un juez con jurisdicción en la zona en cuestión un mandamiento de Hábeas Corpus a través del cual se le restituya su libertad.
Es importante, antes de terminar, dejar claro que el Hábeas Corpus no es un procedimiento, sino un proceso. Su finalidad es velar por la libertad de una persona y las resoluciones tomadas a partir de él responden a esta exigencia.
Los fines del Hábeas Corpus son:
Exp. Nº
Esp. Dr.
Esc. Nº 01
INTERPONEN PROCESO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LA PROVINCIA DE HUAMALIES – LLATA.
LAYDA EMILIANA DAVILA CAMPO, Con DNI Nº 17921715; NOEL DÁVILA CAMPÓ con DNI N° 17931130 y FILOMENA CAMPO PUJAY, con DNI Nº 22864450, con dirección domiciliaria y procesal en Jr. Grau Nº 272 de esta ciudad; a Ud. Decimos:
Interponemos Proceso Constitucional de Habeas Corpus Preventivo por haber vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, y revivir un proceso fenecido. En consecuencia existe una amenaza cierta e inminente de la privación de nuestra libertad, acción que la dirigimos contra:
I. ANTECEDENTES QUE SUSTENTAN LA PRESENTE ACCION CONSTITUCIONAL:
1. En el Juzgado Penal Liquidador de la Provincia de Huamalies Secretario Dr. Santillán Astuquipan Enrique, se venia procesando a los recurrentes por el delito de usurpación agravada en agravio de Dirce Belida Dávila Castro, a través del Exp. Nº 065-2011.
2. Con fecha 05 de Noviembre del 2012, el Juzgado Penal Liquidador emite sentencia Nº 27-2012, absolviéndonos de la acusación fiscal, sentencia que es notificada tanto a la parte agraviada, el Ministerio Publico y a los recurrentes en fecha 06 de Noviembre del 2012, tal como se puede verificar del acto procesal de notificación, cuyos documentos obran en el expediente a fs. 426.
3. La agraviada Dirce Belinda Dávila Castro con fecha 09 de noviembre del 2012, interpone recurso de apelación contra la sentencia anteriormente señalada en el último día de plazo, teniendo en cuenta que se trataba de un proceso sumario. En tanto el Ministerio Público no hizo uso del recurso impugnatorio de apelación tal como se aprecia en el expediente.
4. El 12 de Noviembre del 2012, mediante Resolución Numero 33, que corre a fs. 447, el Juzgado Penal Liquidador Transitorio de la provincia, declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por Dirce Belinda Dávila Castro, resolución esta que no fue impugnada por dicha agraviada quedando consentida y por ende constituye cosa juzgada.
5. Pero se da el caso Señor Juez, que de manera extraña el día 06 de Diciembre del 2012, la agraviada Dirce Belinda Dávila Castro vuelve ingresar otro recurso de apelación contra la misma sentencia Nº 27-2012, que ha quedado consentida (ver fs. 451 a 457). De igual forma el Ministerio Público (Fiscal Provincial Dra. Liliana Fuentes Ramos), ingresa también en esta misma fecha el recurso de apelación EN FORMA EXTEMPORÁNEA contra la misma sentencia ya consentida y que no fuera apelada dentro del plazo de ley, pese ha estar debidamente notificada. (ver fs. 458 a 461).
6. El Señor Juez del Juzgado Penal Liquidadora de la provincia, admite los recursos de apelación pese a que la sentencia absolutoria ha quedado consentida y eleva a la Sala Liquidadora de la Corte Superior de Huánuco.
7. Al traslado de la Sala Penal Liquidadora de Huánuco; el Fiscal de la Primera Fiscalía Superior Dr. MEDIN PEDRO POZO CAMPOS, se pronuncia mediante Dictamen Nº 86, por que se declare nula la sentencia materia de grado y solicita que otro Juez llamado por ley emita nueva sentencia, vulnerando el principio de legalidad y de la cosa juzgada. PUES EL FISCAL; TENIA LA OBLIGACIÓN COMO DEFENSOR DE LA LEGALIDAD, REALIZAR UN ESTUDIO MINUCIOSO DEL EXPEDIENTE Y PRONUNCIARSE DEBIDAMENTE; ante el estado procesal de la sentencia que quedo consentida, debió pronunciarse por la nulidad de la resolución que admitió el recurso de apelación de la agraviada y de la fiscalía provincial.
8. Los Jueces Superiores de la Sala Penal Liquidadora de Huánuco, sin mas preámbulos y sin el estudio de los actuados, vulnerando el debido proceso, el principio de la legalidad y la cosa juzgada, decidieron declarar nula la sentencia Nº27-2012 y DISPUSIERON que otro Juez de la misma jerarquía emita nueva sentencia.
9. Dentro de este marco de la vulneración del derecho y el principio de la legalidad, así como del derecho al debido proceso, el Juez del Juzgado Penal Liquidador de Huamalies – Llata, a cargo del Juez NIVAR TREJO LUGO, emite la Resolución Nº 45, de fecha 23 de Setiembre del 2013, señalando día y hora para la diligencia de expedición de sentencia contra los acusados, CONCRETANDO DE ESTA MANERA LA AMENAZA CIERTA E INMINENTE QUE SE SUCEDERÁ CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL DE LOS RECURRENTES por lo tanto nuestra libertad ambulatoria se encuentra en peligro inminente, por haberse vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y revivir un proceso fenecido por haber quedado consentida la sentencia.
10. Cabe señalar Señor Juez, que la recurrente Layda Emiliana Dávila Campo mediante escritos de fecha 23 de Agosto del 2013, advirtió al Juzgado que la sentencia que nos absuelve ha quedado consentida y ha devenido en cosa juzgada por cuanto el primer recurso de apelación presentado por la agraviada Dirce Belinda Dávila Castro fue declarada improcedente RESOLUCIÓN ESTA QUE DEJARON CONSENTIR y los posteriores recursos de apelación son extemporáneos debido a que fueron notificados el día 6 de Noviembre del 2012 y estas apelaciones tiene fecha 06 de diciembre del 2012, en consecuencia debe declarase nula todo lo actuado y se deje sin efecto la resolución que señala día y hora para la diligencia de expedición de sentencia; PETICIÓN ESTA QUE NO HA SIDO RESUELTA HASTA EL MOMENTO. Por lo tanto, la presente acción constitucional es procedente.
II. FUNDAMENTOS DE LA ACCION CONSTITUCIONAL PREVENTIVA.
1. El Tribunal Constitucional ha señalado que el Habeas Corpus Preventivo se plasma cuando sin concretarse una privación efectiva de la libertad, existe una amenaza cierta e inminente de lo que ello sucederá. No se trata de posibles o probables agravios; sino, de lo que esta por venir y que es de carácter inminente. Si tratamos de encuadrar la conducta de los demandados, tal como se ha detallado en líneas arriba, se concluye que nuestra libertad ambulatoria se encuentra en inminente peligro y que es necesario protegerlo haciendo uso de la Garantía Constitucional del Habeas Corpus.
2. Pues esta debidamente acreditado, que la presente garantía constitucional esta dirigida contra las resoluciones judiciales que provienen de un procedimiento irregular; entendiéndose por procedimiento irregular, aquel en el que se ha vulnerado el derecho al debido proceso o a alguno de los derechos que lo componen, así lo ha señalado el Tribunal Constitucional. De lo que se puede determinar con claridad, que desde el momento en que se admitió un recurso de apelación contra la sentencia que ha quedado debidamente consentida POR NO HABER SIDO APELADO EN FORMA OPORTUNA POR EL MINISTERIO PUBLICO y por dejar consentida la resolución que declara improcedente el recurso de apelación interpuesta por la agraviada; TODOS LOS ACTOS POSTERIORES SON IRREGULARES, vulneran la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso.
3. Si analizamos el Art. 4º del Código Procesal Constitucional; este norma indica, que el Habeas Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta, la libertad individual y la tutela procesal efectiva; y que esta última se entiende como aquella situación jurídica de una persona en la que se respeta de modo enunciado sus derechos como es en el presente caso, la imposibilidad de revivir el proceso fenecido por cuanto a quedado consentida la sentencia absolutoria y es inamovible, en consecuencia el proceso ha fenecido, deviniendo en cosa juzgada.
4. El Tribunal Constitucional también advierte que para que proceda el Habeas Corpus es necesario que exista en cada caso concreto conexidad entre aquel (tutela procesal efectiva y debido proceso) y el derecho fundamental a la libertad personal (en el presente caso existe la amenaza cierta e inminente de la privación de nuestra libertad), contenida en la Resolución Judicial Nº 45. Esta vinculación se da en el sentido que la legitimidad constitucional de toda medida que comporte una restricción del derecho a la libertad personal radica precisamente, en el irrestricto respeto de las garantías inherentes al debido proceso; en otros términos, la conexidad se cumple cuando se restringe la libertad personal, sin la observancia de las garantías del debido proceso.
III. ELEMENTOS DE PRUEBA QUE SUSTENTAN LA PRESENTE ACCION CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS.
1. Copia de sentencia Nº 27-2012, expedida por el Juzgado Penal Liquidador de la Provincia de Huamalies, de fecha 6 de noviembre del 2012, mediante la cual se nos absuelve del delito de usurpación agravada en agravio de Dirce Belinda Dávila Castro. Exp. Nº 65-2011.
2. Copia del primer escrito de apelación de la agraviada Dirce Belinda Dávila Castro contra la sentencia antes indicada. En tanto el Ministerio Público no apelo la misma.
3. Resolución Número 33 de fecha 12 de noviembre del 2012, expedida por el Juzgado Penal Transitorio de la Provincia de Huamalies, Exp. Nº 65-2011, donde el Juzgado resuelve declarar improcedente el recurso de apelación de sentencia formulada por la agraviada Dirce Belinda Dávila Castro.
4. Copia de escritos de apelación formulados por el Ministerio Publico y nuevamente por la agraviada Dirce Belinda Dávila Castro, de fecha 06 de Diciembre del 2012, tal como se aprecia de los sellos de recepción.
5. Copia del Dictamen Fiscal Nº 86-2013 de fecha 8 de febrero del 2013, emitido por el Fiscal de la Primera Fiscalía Superior de Huánuco, pese a que es el defensor de la legalidad ha peticionado la nulidad de la sentencia absolutoria, OLVIDANDO QUE ESTA HA QUEDADO CONSENTIDA POR INERCIA SE LA AGRAVIADA Y LA FISCALÍA PROVINCIAL.
6. Copia de sentencia de segunda instancia expedida por la Sala Penal Liquidadora de Huánuco que declara nula la sentencia absolutoria vulnerando la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso y principio de legalidad.
7. Copia del escrito de fecha 23 de Agosto del 2013, presentado al Juzgado Penal Liquidador de Huamalies por la recurrente Layda Emiliana Dávila Campo, haciendo de conocimiento del juzgado que se deje sin efecto la fecha de señalamiento de día y hora para la diligencia de expedición de sentencia y que se declare nulo por cuanto la sentencia absolutoria ha quedado consentida.
8. Resolución Numero 45 de fecha 23 de setiembre del 2013, resolución expedido por el Juzgado Penal Liquidador de Huamalies – Llata, que señala día y hora para lectura de sentencia. Resolución que pone en peligro inminente nuestra libertad ambulatoria por existir una amenaza latente e inminente de privación de libertad.
IV. FUDAMENTACION JURIDICA.
Constitución Política Del Estado.
Art. 202, inc. 3º norma que señala que el Habeas Corpus es una garantía constitucional.
Código Procesal Constitucional.
Art. 4º norma que señala que el Habeas Corpus es procedente contra una resolución judicial firme que vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva.
V. ANEXOS:
1 – A Copias de DNI de los recurrentes.
1 – B Copia de la sentencia.
1 – C Copia de escrito de PRIMERA apelación de la agraviada.
1 – D Resolución Número 33 de fecha 12 de noviembre del 2012.
1 – E Copia del escrito de apelación formulado por el Ministerio Público.
1 – F Copia de escrito de SEGUNDA apelación de la agraviada.
1 – G Copia del Dictamen Fiscal Nº 86-2013 de fecha 8 de febrero del 2013.
1 – H Copia de sentencia de segunda instancia.
1 – I Copia del escrito de fecha 23 de agosto del 2013.
1 – J Resolución Número 45 de fecha 23 de setiembre del 2013.
Llata, 21 de Noviembre del 2016.
© Teoriadelderecho.com - Noticias y actualidad Jurídica
Un producto de Nube Roja Network
Diseñado por 
