La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ha denegado la solicitud de licenciamiento institucional presentada por la Universidad Alas Peruanas S.A. (UAP). Como consecuencia de esta decisión, la universidad deberá iniciar un proceso ordenado de cese de actividades, supervisado por la SUNEDU. De inmediato, la UAP queda impedida de admitir nuevos estudiantes bajo cualquier modalidad.
La resolución que deniega la solicitud de licenciamiento institucional fue notificada el 24 de diciembre a la universidad. Esta decisión del Consejo Directivo de la SUNEDU es resultado de una evaluación que duró 2 años y 6 meses, e incluyó a los 29 locales de la universidad, incluyendo los locales de sus 17 filiales y de su sede central, ubicada en Lima.
Luego de analizar la información presentada, así como la recogida en la diligencia de actuación probatoria realizada a la universidad, la SUNEDU ha determinado que la UAP no cumplió el plan de adecuación propuesto por la universidad para cerrar las brechas de calidad identificadas por la SUNEDU y en consecuencia no reúne las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.
El proceso de cese de actividades, tal y como se establece en el reglamento respectivo, no podrá durar más de dos años, plazo que se empezará a contabilizar a partir del inicio del próximo semestre académico. Adicionalmente, el reglamento establece que la universidad podrá emitir grados y títulos por un periodo adicional de dos años, luego de su cese definitivo.
Todos los grados y títulos emitidos por la UAP durante el proceso de cese serán inscritos por la SUNEDU en el Registro Nacional de Grados y Títulos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
La UAP es una universidad privada de naturaleza societaria. Su sede central se ubica en la provincia de Lima y cuenta con 17 filiales, ubicadas en Lima provincias, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
A la fecha, la UAP tiene 65 078 estudiantes matriculados y reporta 80 946 graduados. Su oferta académica se compone de 78 programas: 30 de pregrado, 26 de maestría, 12 de doctorado y 10 de segunda especialidad. Tiene 3 173 docentes.
La UAP presentó su solicitud de licenciamiento institucional el 29 de mayo de 2017. Posteriormente, la SUNEDU emitió un informe de revisión documentaria desfavorable en febrero de 2018. En consecuencia, requirió un Plan de Adecuación (PDA), que fue remitido por la UAP el 30 de abril de 2018.
La SUNEDU ha realizado diligencias de actuación probatoria (DAP) en todos los locales y filiales de la UAP, a fin de constatar in situ el cumplimiento de las CBC. Toda la información remitida por la UAP y recabada en dichas diligencias ha sido tomada en cuenta para tomar la decisión sobre el licenciamiento institucional.
De otro lado, vale la pena señalar que durante su evaluación la UAP retiró de su oferta 119 programas de estudio y se desistió de seguir brindando el servicio educativo universitario en 72 locales. Asimismo, en marzo de 2019 la SUNEDU sancionó y multó a la universidad por brindar el servicio de educación universitaria en un local no autorizado ubicado en la provincia de Bolívar (Cajamarca).
Entre los principales incumplimientos encontrados durante el proceso de licenciamiento de la UAP, cabe mencionar los siguientes:
• No evidenció contar con locales para brindar el servicio educativo en los términos de operatividad planificados por la propia universidad, debido a que al momento de la diligencia de actuación probatoria (cerca de cuatro meses después del plazo final propuesto por la universidad para el fin de su adecuación), el 93% de sus locales aún se encontraban en proceso de adecuación (27 de 29 locales). Asimismo, el 67% de los locales en los que se declaran obras (18 de 27 locales) contaban con un avance por debajo del 80% en su ejecución.
• La universidad no asegura una gestión adecuada para el almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos que se generan en los laboratorios y talleres. El 79% de los locales declarados (23 de 29 locales) generan residuos sólidos y líquidos peligrosos, producto de sus actividades académicas; y de ellos, se evidenció durante la DAP que el 48% (en 11 de 23 locales) no contaban con un centro de acopio final o provisional. Un informe mandado hacer por la propia universidad señaló: “Se debe declarar en emergencia la infraestructura para el almacenamiento temporal de residuos sólidos de todas las sedes y filiales de la UAP”.
• Sus instalaciones no cuentan con estándares mínimos de seguridad, como señalética, equipamiento, zonas seguras de evacuación, distribuciones de mobiliario, entre otras falencias. Con esto, la universidad incumple su propia normativa y pone en riesgo a la comunidad universitaria.
• La UAP no garantizó la disponibilidad del derecho de uso sobre el local de la filial Ica, al no contar con un contrato de alquiler con una duración mínima de 5 años y no presentar evidencia de su inscripción en los registros públicos. Debido a esto no puede garantizar la continuidad del servicio durante el tiempo que duren los programas académicos.
• No evidenció el cumplimiento de su Plan de Gestión Ambiental para el 2019.
• No garantizó la prestación continua (durante todo el horario de clases) del servicio de salud en todos sus locales durante el semestre 2019-II. Asimismo, se constató que dos locales conducentes a grado académico no contaban con tópico.
• La universidad no demostró contar con ambientes para docentes plenamente operativos en todos sus locales declarados, debido a que el 95% de los ambientes declarados (54 de 57) aún se encontraban en proceso de adecuación.
• La universidad no ha podido garantizar que el agua potable suministrada en todos sus locales sea apta para el consumo humano. Por ejemplo, se encontraron coliformes fecales en la muestra de agua presentada para el local de la filial Andahuaylas. Asimismo, la SUNEDU constató la falta de mantenimiento de las cisternas de agua de algunos locales, al evidenciar la presencia de desperdicios (filiales Ica y San Martín), así como heces y animales (filial San Martín).
• En la misma línea, con referencia al servicio de desagüe, la universidad declaró que en los locales de Pachacamac, Piura y Tumbes se cuenta una opción alternativa para este servicio, mediante el uso de pozos sépticos. Sin embargo, no presentó documentos técnicos que evidencien que esta opción alternativa funciona de acuerdo a la normativa vigente en cuanto a su operatividad y mantenimiento.
• La universidad no cumple con sus propios procedimientos para la evaluación y selección de sus proyectos de investigación, por lo que no se asegura estándares mínimos de calidad para dichos proyectos.
• La universidad destina S/ 1 253 165 en el 2019 para la implementación de Centros de Investigación, Producción y Transferencia Tecnológica; sin embargo, solo ha ejecutado el 5% de dicho presupuesto.
• El órgano de investigación en las filiales no cuenta con los recursos económicos necesarios para la ejecución de sus actividades planificadas, lo cual impacta en su funcionamiento y la consecución de sus metas y objetivos.
• La universidad ejecuta únicamente alrededor del 20% de su presupuesto para investigación (2018-2019). Además, se identificó que un tercio de sus filiales ejecutan menos del 10% de dicho presupuesto.
• En 12 de las 17 filiales de la universidad no se evidenció la culminación de algún proyecto de investigación. Más aún, durante todo el procedimiento de licenciamiento, las filiales de Huamanga y San Martín no evidenciaron la ejecución de ningún proyecto.
• Solo el 1% de sus docentes realizan actividades de investigación. Así, se identificó que, en el último semestre, 7 filiales no contaban con docentes vinculados a la investigación, lo que no garantiza el desarrollo de una cultura de investigación a nivel institucional.
• La universidad aún registra docentes que no han obtenido el grado académico mínimo para ejercer la docencia universitaria y que tampoco han demostrado haber ejercido la docencia con anterioridad a la vigencia de la actual Ley Universitaria. Esta situación se ha constatado en la sede central y en nueve filiales.
• La Universidad no aportó evidencias de contar con procesos claros para asegurar que la renovación docente se realice en base a criterios de calidad.
• Su documento de planificación estratégica 2019-2024 carece de líneas de base y acciones estratégicas para cumplir sus objetivos, tanto para la sede como para sus filiales. Además, sus planes operativos para el año 2019 no incluyen actividades para el logro de todos los objetivos.
• Los instrumentos de gestión de calidad para el año 2019 no presentan una planificación oportuna ni consistente. Además, el personal asignado al área de calidad no cumple con el perfil establecido en la normativa de la universidad.
• Con respecto a la admisión, la universidad no evidenció garantizar el principio de predictibilidad, pues no regula de manera precisa la evaluación, calificación y distribución de vacantes para la ejecución de los concursos de admisión. Sumado a ello, se identificó que carece de información consistente sobre la cantidad de postulantes e ingresantes en los procesos realizados en los últimos dos años, lo cual impacta en la capacidad de planificación del servicio.
• Carece de una planificación pertinente que garantice la ejecución de actividades para promover la empleabilidad de sus egresados y graduados, basada en un diagnóstico sobre la situación, características y necesidades de los mismos. De igual manera, la bolsa de trabajo de la universidad presenta una cantidad limitada de ofertas laborales vigentes que no es acorde con la cantidad de alumnos y egresados, ni con su oferta académica.
• Su portal de transparencia no está actualizado y la información que consigna no coincide con la presentada por la universidad a la SUNEDU.
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