La renovación del Tribunal Constitucional (TC) ha llevado a Perú a una tensión sin precedentes entre Gobierno y Congreso que terminó con la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra.
A ese crítico punto se ha llegado por el conflicto entre el gobierno de Vizcarra y parlamentarios de izquierda de un lado, y congresistas del fujimorismo y sus aliados políticos como el Partido Aprista del otro, que tienen mayoría en el Congreso, por la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional.
Dicho proceso corresponde a este Congreso, ante el vencimiento de los periodos de los actuales magistrados del tribunal, pero los candidatos seleccionados por el Congreso no son los que quiere el gobierno de Vizcarra por los temas que tendrá que decidir el máximo tribunal del Estado peruano:
El Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver un recurso sobre la prisión preventiva que mantiene a la líder opositora presa desde finales de octubre del 2018 por obstruir las investigaciones que le siguen por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales para la Presidencia de Perú por parte de Odebrecht.
Hasta ahora todas las instancias previas a las que ha recurrido, incluida la Corte Suprema, han denegado la libertad a Fujimori, hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y solo consiguió que le redujeran el periodo de prisión preventiva de 36 a 18 meses.
Pocos días atrás, el TC recibió un recurso para revocar la anulación del indulto que el expresidente Alberto Fujimori le otorgó en la Navidad del 2017 el entonces expresidente Pedro Pablo Kuczynski para exonerarlo de la condena que cumple de 24 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
Esa gracia presidencial fue anulada por la Justicia peruana al considerar que el proceso para indultar a Fujimori fue irregular al no cumplir los plazos ni requisitos y darse aparentemente como parte de una negociación para liberar al expresidente a cambio de que el fujimorismo no destituyera a Kuczynski en el Congreso.
Toda esta crisis se produce a pocos días de que la Fiscalía interrogue nuevamente al exdirector de la constructora brasileña Odebrecht en Perú Jorge Barata para que desvele el nombre de los congresistas cuyas campañas también fueron financiadas por esta empresa de manera irregular.
Entre ellos figuran apodos como «Sipán», «Pastor Alemán» y «Castillo» que estaban dentro de la contabilidad oculta que manejaba Odebrecht para los sobornos y partidas ilícitas que entregó a políticos de una docena de países de Latinoamérica a cambio de adjudicarse grandes contratos en obras públicas.
Las fuerzas opositoras como el partido fujimorista Fuerza Popular, de Keiko Fujimori; y el Partido Aprista, del fallecido expresidente Alan García, siempre se han mostrado contrarios a los términos del acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) que la Fiscalía suscribió con Odebrecht.
Si se llega a anular ese acuerdo, prácticamente se condenaría al fracaso todas las investigaciones del caso Odebrecht por sobornos y lavado de dinero que involucran a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. También a Alan García, que se suicidó en abril antes de ser detenido, y a la misma Keiko Fujimori.
Como si esto fuera poco, el TC, como máximo órgano de interpretación de la Constitución peruana será el encargado en último término de aclarar la enorme crisis política e institucional que vive el país.
Fuente: gestion.pe
© Teoriadelderecho.com - Noticias y actualidad Jurídica
Un producto de Nube Roja Network
Diseñado por 
