Proyecto de ley propone que las personas sobreendeudados en el sistema financiero puedan salir de esa crítica situación mediante un acuerdo con la entidad acreedora a través de mejores condiciones en plazos y tasas de interés.
Este programa de salvataje temporal, que tendrá una vigencia de tres años, sugiere que la entidad financiera acreedora brinde diversas alternativas y facilidades para que el usuario pueda cumplir con el pago de su deuda.
Si bien esta iniciativa legislativa está dirigida a las personas que laboren en los sectores privado y público, se tendrá una especial atención a quienes se desempeñen en los sectores salud, educación, Poder Judicial, Ministerio Público, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Vale precisar que, para acceder a este programa, el usuario deberá tener una calificación de riesgo crediticio Con problemas Potenciales (atraso entre 9 y 30 días), Deficiente (atraso entre 31 y 60 días) y Dudoso (atraso entre 61 y 120 días).
El proyecto de ley propone que las instituciones financieras acuerden con los deudores de préstamos revolventes (tarjetas de crédito) y no revolventes (cuotas fijas) la consolidación de deudas, refinanciación, reprogramación de cronogramas de pagos, reducción de capital (de la deuda) y/o castigos de intereses, cambio de deuda en dólares a soles, y sustitución o ampliación de garantías, entre otros.
Sin embargo, la iniciativa legislativa establece que todos estos mecanismos deberán brindar a los deudores “condiciones financieras de tasa de interés, plazo de gracia y de pago que les permitan de manera razonable de acuerdo a su real capacidad de pago y sin poner en riesgo la estabilidad personal y familiar, superar la condición de sobrendeudamiento en que se encuentran, y puedan cumplir con las obligaciones pendientes”.
Según cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a julio del 2018, las deudas con los bancos por S/ 16,702 millones están en la categoría de riesgo Con Problemas Potenciales, Deficiente y Dudoso. Asimismo, según la central de riesgo Equifax, el 20% de la población bancarizada (2,4 millones de personas) tiene un alto riesgo de incumplir el pago de sus obligaciones financieras en los próximos 12 meses.
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